Salta  

MEDIACIÓN
En el ámbito del Poder Judicial de la provincia de Salta se estableció:

A partir de enero de 2010, comenzó a regir la mediación prejudicial obligatoria -Ley 7324- para los fueros civil, comercial y familia. En el proceso penal, se aplica sólo para la acción civil. La regulación y el control de los mediadores están a cargo del Poder Ejecutivo. Se crearon Centros Comunitarios de Mediación que dependen del Poder Ejecutivo.

A través de la Acordada 11.741 la Corte de Justicia dispuso que los juicios ejecutivos cuyo monto demandado no supere la suma de pesos cinco mil ($ 5.000) sean sometidos previamente a mediación obligatoria conforme lo dispuesto por el inciso 8) del artículo 10 de la Ley de Mediación 7324, modificada por ley 7764.

Se creó un registro de mediadores y Centros Judiciales de Mediación en las ciudades de Salta, San Ramón de la Nueva Orán, Metán y Tartagal.

Por Acordada 10.889 la Corte de Justicia autorizó a los señores jueces del Fuero Civil y Comercial a remitir de oficio al correspondiente Centro Judicial de Mediación, los procesos de daños y perjuicios en accidentes de tránsito, cualquiera sea su instancia en trámite, en los términos previstos por el mencionado instrumento y con arreglo a la Ley 7324.

En enero de 2015, mediante Resolución de Presidencia se autorizó la contratación de un Abogado Mediador que, bajo la supervisión de la Secretaria de Mediación, intervendrá en las causas remitidas a mediación por el Juzgado de Competencia Múltiple con asiento en la Ciudad de Cafayate, con arreglo a la Ley 7324, Decreto Reglamentario 3456/09 y acordadas de la Corte de Justicia que reglamentan su aplicación.

Antecedentes que permitieron arribar a su dictado

La Corte de Justicia de Salta implementó un programa piloto de mediación -Acordadas 8.568 y 8.603 de 2001-.

Reglamentó la actividad mediadora para los fueros civil, de familia y laboral e impulsó la iniciativa legislativa plasmada en Acordada 8.998 del 24/4/03, que derivó en la sanción de la ley 7.324 (BO 17.016, 22/11/04).

Se formó a través de la Escuela de la Magistratura un cuerpo de mediadores (en los años 2004, 2005, 2006, 2008).

Se divulgó el instituto entre los operadores del sistema judicial y la comunidad en general.

A través de la Acordada 9.812/07 se estableció la remisión de oficio por los jueces del fuero de familia de las causas susceptibles de ser derivadas a mediación: incidentes de separación de bienes, alimentos, visitas y tenencia de hijos.

La Acordada 10.120 del 678/08 reglamentó la mediación judicial (arts. 11 a 21, 25 a 28, 30 y 32 de la ley 7.324). Dicha acordada, adoptada el 6 de agosto de 2008, ha significado una clara definición de una política estado.

Estadísticas

CONCILIACIÓN

    El Código Procesal Civil y Comercial en su artículo 36 inciso 3º establece la conciliación voluntaria para los procesos ejecutivos, civiles, comerciales, laborales y de familia. En la etapa prejudicial se puede acceder a la conciliación con excepción de los actos que no pueden ser objetos de transacción.  Con posteridad al inicio del juicio, el juez que interviene en la causa puede intentar una conciliación, sin que ello implique prejuzgamiento (art. 36 inciso 3ro. CPCC).

ARBITRAJE

    El Código Procesal Civil y Comercial en sus artículos 765 al 802 establece el arbitraje. Las formas y oportunidades de acceso pueden darse por acuerdos a través de cláusulas compromisorias previas o bien con posteridad al inicio del juicio, quedando excluidos los que afectan el orden público. El Arbitraje de Derecho puede formalizarse a través de escritura pública, por instrumento privado o por acta extendida ante el juez de la causa.

JUECES DE PAZ

    La justicia de paz de la provincia de Salta posee rango Constitucional. Su regulación surge de los artículos 163 y 164 de la Carta Magna provincial.

    La Ley Provincial Nº 5594 organiza la justicia de paz lega y letrada, teniendo en cuenta las divisiones administrativas y la extensión y po-blación de la Provincia. La norma fija la jurisdicción, la competencia, el procedimiento y los requisitos para el cargo de juez.

    Para la justicia de paz lega se procura que el procedimiento sea verbal y actuado. El juez resuelve a verdad sabida y buena fe guardada, pudiendo fundar sus resoluciones en el principio de equidad.

    Los jueces de paz legos son designados por la Corte de Justicia provincial, a partir de una terna elevada por los Intendentes Municipales, con acuerdo de los Consejos Deliberantes.

    El cargo es remunerado y dura cuatro años, pudiendo ser designados nuevamente. Gozan de las mismas inmunidades que los demás jueces y pueden ser removidos por las mismas causales, a partir de acusación efectuada por cualquier ciudadano ante la Corte de Justicia provincial, tribunal que debe reglamentar el procedimiento, garantizando el derecho de defensa.

    El Art. 4 de la Ley prevé que serán competencia de los jueces de paz: juicios sucesorios hasta el monto fijado en la norma; practicar inventarios cuando excedan su competencia; cumplir las comisiones de otros tribunales; los asuntos civiles y comerciales hasta el límite de su competencia; los juicios de divisiones de bienes comunes; los atribuidos por el Código Rural y otras leyes; decretar embargos preventivos; certificar firmas o impresiones digitales; realizar audiencias conciliatorias y proveer la colocación de menores dando cuenta al agente del Ministerio Público.

    El artículo 5 atribuye a los jueces de paz competencia subsidiaria ante la falta o ausencia de Escribano Público. Los autoriza a realizar protestos de documentos; poderes para juicios; otorgamiento de testamentos; actas de sorteos y levantar actas con testigos calificados y actas de constataciones de hechos.

Atribuciones
    El art. 3 establece que para el cumplimiento de sus resoluciones o de las diligencias o comisiones encomendadas, los jueces de paz podrán solicitar el auxilio de la fuerza pública.


Deberes

    La segunda parte del art. 3 prevé la obligación de archivar anualmente en las municipalidades de su jurisdicción los expedientes y copias de las actuaciones que hubieren realizado.
Cantidad de Juzgados de Paz: 56

OFICINA DE VIOLENCIA DOMÉSTICA (OVIF):

    La Corte de Justicia dispuso crear una Oficina de Violencia Familiar (OVIF) dependiente del Alto Tribunal y que funcionalmente actuará bajo las órdenes del Juzgado de Familia en turno. Esta oficina estará integrada por un equipo multidisciplinario y atenderá al público en el horario de 6 a 23 todos los días del año con la finalidad de facilitar el acceso a justicia de los ciudadanos afectados por esta problemática social. Inicialmente la OVIF trabajará sólo en el Distrito Judicial del Centro, con la previsión de su posterior implementación a nivel provincial.

    La creación de la OVIF dispuesta por Acordada 10630 se enmarca en las acciones encaradas por el Alto Tribunal para atender esta problemática.

Tareas de la OVIF

1.- Oficina de recepción y remisión de expedientes para el ingreso de causas por hechos de violencia familiar previstos en la ley provincial 7.403.
2.- Registro informático de Violencia Doméstica cuya función principal es proporcionar de manera inmediata al juez los antecedentes del denunciante y denunciado o denunciada, en casos de violencia doméstica o familiar.

    La Ley 7.403, de Protección de Víctimas de Violencia Familiar posee carácter de orden público e interés social y tiene por objeto la prevención, la detección temprana, la atención y la erradicación de la violencia familiar, definiendo tanto el marco preventivo como los procedimientos judiciales para lograr tal cometido.
   

    Crea el Registro de Violencia Doméstica que, para agilizar los procedimientos tendientes a garantizar sus fines, debe utilizar recursos informáticos, siendo su función principal, en el ámbito del Poder Judicial, proporcionar de manera inmediata al Juez competente, los antecedentes de las partes, para contribuir a un mejor conocimiento de la problemática y su evolución por parte de los agentes auxiliares de la justicia. En él constan el resultado de las actuaciones y otros datos que sirven a sus fines. También prevé la creación en el área del Poder Ejecutivo, de otro que deberá actuar coordinada y complementariamente con el Judicial, para el diseño y ejecución de políticas públicas de prevención, asistencia y tratamiento de la violencia familiar.

    La ley define la violencia familiar, encuadrando en ella a toda acción, omisión o abuso que provoque daño psíquico o físico, maltrato moral, financiero o económico notoriamente ilegítimo, agresión de carácter sexual y/o en su libertad, aunque no configure delito.

    Estos hechos deben ser cometidos por parte de algún integrante del grupo familiar de la víctima, considerando como tal al originado en el matrimonio o en las uniones de hecho, sean convivientes o no, persistan o hayan cesado, incluyendo a los ascendientes, descendientes, colaterales y afines o a quienes cohabiten bajo el mismo techo en forma permanente o temporaria, incluyendo aún a la persona con la que tenga o haya tenido relación de pareja o noviazgo.

    A todas estas personas se podrá denunciar por los citados hechos, en las dependencias de la Policía, Ministerio Público, Juzgados de Paz o Juzgados de Personas y Familia.

    Para garantizar la seguridad de las personas involucradas en hechos de violencia familiar, el juez interviniente, al tomar conocimiento de los mismos, podrá adoptar de oficio o a pedido de cualquier interesado y de inmediato alguna de las siguientes medidas, las cuales son enunciativas, es decir, que a más de estas podrá tomar las que considere necesarias:

  • a) Ordenar la exclusión del agresor/a de la vivienda donde habita el grupo familiar, haciéndole saber en ese acto que deberá denunciar nuevo domicilio en el término de 24 horas.
  • b) Prohibir el acceso del agresor/a al domicilio o lugar donde habita la víctima y/o desempeña su trabajo y/o a los establecimientos educativos donde concurre la misma o miembros de su grupo familiar.
  • c) Disponer el reintegro al domicilio, a pedido de quien ha debido salir del mismo por razones de seguridad personal, excluyendo al agresor/a.
  • d) Decretar provisoriamente cuota alimentaria, tenencia y derecho de comunicación con los integrantes del grupo familiar, sin perjuicio de la aplicación de las normas vigentes de similar naturaleza.
  • e) Ordenar todo tipo de informes que crea pertinente sobre la situación denunciada, y requerir el auxilio y colaboración de las instituciones que atendieron a la víctima de violencia.
  • f) Decretar una guarda provisoria a cargo de familia ampliada, o en su defecto, a cargo de persona de confianza o familia sustituta, para menores de edad.
  • g) Ordenar el registro del escenario de los hechos y la recolección de pruebas.
  • h) Disponer inspecciones oculares, requisas, allanamientos de domicilio, secuestro, el uso de la fuerza pública.
  • i) Disponer reglas de conducta que resulten adecuadas para prevenir la comisión de nuevas infracciones y toda otra medida que considere conveniente.

El trámite judicial no agota los objetivos de la Ley ya que impone, como obligaciones del Estado, a través del Poder Ejecutivo, implementar planes y programas destinados a:

a) Sensibilizar a la comunidad en general respecto de la problemática de la violencia familiar, alertando sobre sus consecuencias y promoviendo valores de igualdad entre los géneros, tolerancia y libertad, en el marco de una convivencia pacífica.

b) Prevenir la violencia familiar a través de:

  1. La internalización de modelos conductuales de resolución pacífica de los conflictos, en el ámbito de la educación.
  2. La adquisición de conocimientos y técnicas para la detección precoz de la violencia familiar en los servicios de salud, asistenciales, sociales, educativos y de seguridad.
  3. La promoción de la elaboración de protocolos de acción ante casos de violencia familiar, en los ámbitos de salud, educación y seguridad.
  4. El asesoramiento y asistencia psicológica gratuitos.
  5. La difusión masiva sobre derechos y servicios de asistencia.
  6. Acciones de promoción de la igualdad de género y comportamientos no sexistas.
  7. Acciones de promoción de los derechos de los niños.
  8.  Acciones de promoción de fortalecimientos de los vínculos familiares.

c) Asistir y tratar a víctimas y victimarios de violencia familiar mediante:

  1. La dotación de servicios especializados para la asistencia y el tratamiento médico y psicológico en hospitales y/o centros de salud, como mínimo, en los centros poblacionales que se consideren estratégicos desde el punto de vista de la accesibilidad territorial.
  2. La atención especializada en dependencias de la policía provincial.
  3. La provisión de sistemas de domicilio seguro y asistencia social para las víctimas.

    En los diferentes tipos de intervenciones, el Poder Ejecutivo debe articular acciones con los restantes poderes del Estado y con las organizaciones no gubernamentales dedicadas a la misma temática. A tal fin, crea en su ámbito el Registro de Organizaciones No Gubernamentales, en el que se podrán inscribir aquellas que trabajen en la temática de violencia familiar y cuenten con un equipo interdisciplinario para el diagnóstico y tratamiento de esta problemática.

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.Convenios

    Convenio de Cooperación suscripto entre la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Corte de Justicia de Salta:

.Convenio interpoderes
    Los tres poderes del Estado de las provincias del Noroeste Argentino (NOA) suscribieron el 12 de mayo de 2009 un acuerdo para la atención de la violencia doméstica en esa región.

    De esta manera, los poderes Judicial, Ejecutivo y Legislativo de las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero se comprometieron a luchar contra la violencia familiar.

PUEBLOS ORIGINARIOS

Registro de Traductores

La Corte de Justicia de Salta dispuso creó el Registro de traductores para lenguas Wichi y Cherote –Acordada 11.804/2015- a fin de facilitar la labor de los tribunales, fundamentalmente en norte provincial. Respecto a la existencia de otros dialectos indígenas, el tribunal prevé habilitar los registros a requerimiento de los interesados.
Asimismo, el Poder Judicial de Salta ha creado cursos de capacitación para su personal a fin de conocer el idioma wichí.
De acuerdo a la Ley provincial 5.594, los jueces de paz pueden intervenir en casos de las comunidades indígenas a pedido de parte o por mandato judicial. 

PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE NIÑOS

Red Nacional de jueces de familia para la protección y restitución internacional de niños

  • Dra. Marta Bossini de Aguilar (Juez de Primera Instancia en lo Civil de Personas y Familia de Primera Nominación del Distrito Judicial Centro)

OTROS SISTEMAS

SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS

    La Corte de Justicia de Salta creó la Secretaría de Derechos Humanos mediante Acordada 9.167 del 15 de junio de 2004. Su principal objetivo es brindar a los ciudadanos una adecuada información jurídica sobre las cuestiones que se plantean, orientándolos sobre sus requerimientos e indicando el procedimiento adecuado y el organismo o tribunal que resultara competente. De esta manera, se pone en funcionamiento un efectivo mecanismo de protección de los Derechos Humanos en general y de los derechos de la víctima y el testigo, en particular.

    En este ámbito funcionan la Secretaría de Suspensión del Proceso a Prueba y de los Derechos de la víctima y del Testigo; y la Secretaría Tutelar, con el propósito de lograr una mayor interacción entre las áreas que tienen como objeto la protección de los derechos de las personas, desde distintos aspectos, como también el funcionamiento eficiente de las mismas dentro de una estructura sistémica homogénea.

Funciones:

  • Promover el respeto y defensa de los Derechos Humanos, por medio de un trabajo sistematizado en el ámbito del Poder Judicial.
    Atender, informar y derivar a las personas que acudan a las distintas dependencias del Poder Judicial con motivo de problemáticas referidas a los temas de incumbencia de la Secretaría.
  • Brindar a las víctimas y testigos la información necesaria, tendiente a la disminución y/o eliminación de sus diferentes consecuencia negativas sobre la persona, y orientarlos acerca del ejercicio y defensa de sus derechos conforme la legislación vigente.
  • Organizar el mecanismo funcional de la Secretaría de Derechos Humanos, dentro de cuya competencia deberán incluirse las actuales funciones de las Secretarías Tutelar y de Suspensión del Proceso a Prueba, otorgando asimismo especial preponderancia a los derechos de las víctimas de delitos y a los testigos, en el marco de previsiones contenidas en el Código Procesal Penal.
  • Mantener un registro actualizado de jurisprudencia provincial, nacional e internacional relativa a asuntos vinculados con los Derechos Humanos en sus distintos aspectos.
  • Compilar las normas, crear un registro de instituciones y de autoridades vinculadas a los Derechos Humanos y encargadas de la protección de los derechos y libertades fundamentales de los individuos.
  • Formular a la Corte de Justicia las sugerencias que se consideren convenientes en pos del afianzamiento de los principios fundamentales de los Derechos Humanos y de la mejor atención de las víctimas y los testigos.
  • Mantener continuo contacto con las dependencias de los Distritos del interior, a los fines de su integración a la labor de la oficina.