A pocos meses de cumplirse 25 años desde su creación, la Oficina Multipuertas de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil dio a conocer los datos de gestión de su actividad entre 2001 y 2025, revelando el volumen de consultas atendidas y los avances en procesos de mediación y enlaces interinstitucionales. El informe expone cómo este dispositivo se consolidó como una herramienta clave para mejorar el acceso a la justicia en la Ciudad de Buenos Aires.

La Oficina cuenta con dos sedes presenciales en CABA (Lavalle 1220 PB y Av. de los Inmigrantes 1950 PB) y con canales virtuales de comunicación. Trabaja bajo la órbita de la Secretaría General de Acceso a la Justicia y Enlace Interinstitucional de la Cámara Civil, a cargo de Gastón Slipak, en coordinación con el Ministerio de Justicia de la Nación.

Según el informe, desde 2006 la oficina atendió 144.491 consultas, principalmente sobre conflictos familiares (64%), seguidas por cuestiones civiles patrimoniales, penales, de salud, laborales y administrativas. La mayoría de quienes se han acercado fueron mujeres (61%) y residentes de CABA (86%).

El relevamiento también destaca el crecimiento de los métodos alternativos de resolución de conflictos, especialmente las mediaciones intrajudiciales, que muestran una recuperación sostenida tras la pandemia, alcanzando 135 derivaciones entre enero y octubre de 2025. Además, desde 2025 se incorporaron mediaciones comunitarias para conflictos de baja litigiosidad.

Otro eje central es el sistema de enlaces y articulaciones interinstitucionales, que desde 2020 registró alrededor de 3.500 gestiones con diversos organismos y programas de patrocinio gratuito.

El informe señala avances recientes: mejoras en el registro de datos, ampliación de equipos interdisciplinarios, creación de espacios de entrevistas confidenciales y fortalecimiento de la sede Inmigrantes con personal del Ministerio de Justicia de la Nación.

En su balance, la Oficina Multipuertas reafirma que el acceso a la justicia no se limita a abrir expedientes, sino a garantizar soluciones integrales que reduzcan desigualdades, eviten la revictimización y acerquen recursos reales a la ciudadanía. Forma parte de las políticas de Estado llevadas a cabo por la Comisión Nacional de Acceso a la Justicia de la CSJN.

A casi 25 años de su creación, el modelo se consolida como una política judicial innovadora, cercana y centrada en las personas.