El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba avanza en la profundización de la experiencia piloto de mediación en restitución internacional de niños
Se trata de una iniciativa promovida por la Comisión Nacional de Acceso a Justicia. La Justicia provincial designó a dos mediadoras calificadas para intervenir en estos casos
El Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba nombró a dos mediadoras (resolución n.° 6/2021) para intervenir en el Proyecto Piloto para la Implementación de la Mediación a la Aplicación de los Convenios de Sustracción Internacional de Niños, elaborado por la Comisión Nacional de Acceso a Justicia (CNAJ), que encabeza la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Elena Highton de Nolasco.
El proyecto fue elaborado por la comisión con el apoyo de la Oficina Regional para América Latina de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado; magistrados/as del fuero civil y de familia; la Red Nacional de Jueces de Familia para la Protección y Restitución Internacional de Niños; el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación; la Cancillería argentina, y un grupo de expertas en mediación del Poder Judicial de todo el país. El proyecto entró en vigencia el 1.° de febrero de 2021.
El STJ de Córdoba designó en calidad de mediadoras a la abogada Liliana Elsa Omegna y a la licenciada Silvina Raquel Muñoz para participar de esta iniciativa. Ambas fueron capacitadas por la CNAJ en noviembre de 2020.
Antecedentes
El proyecto piloto fue diseñado como complemento del Protocolo de Actuación para el Funcionamiento de los Convenios de Sustracción Internacional de Niños (http://www.cnaj.gob.ar/cnaj/docs/nacionalConvSustraccion.pdf), que elaboró la comisión en 2017.
Este trabajo se enmarca en el compromiso de la comisión por favorecer el mejor funcionamiento del Convenio de La Haya de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores y de la Convención Interamericana de 1989 sobre Restitución Internacional de Menores. A tal efecto, viene trabajando en acciones concretas para mejorar su aplicación y unificar los criterios de intervención con el fin de dar respuesta en tiempo oportuno y respetar los plazos y los objetivos establecidos en los convenios aplicables. Así, también se asegura que el interés superior del niño sea el eje central durante todo el proceso.