El lunes 30, a través de Zoom, se llevó a cabo la reunión anual de la Comisión Nacional de Acceso a Justicia, que preside la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dra. Elena Highton de Nolasco, e integran juezas y jueces federales, nacionales y provinciales. El encuentro fue coordinado por la Dra. Gladys Álvarez.

Highton destacó que, si bien este fue un año difícil, “hemos podido avanzar y cumplir con los objetivos propuestos para seguir profundizando la incorporación de los métodos alternativos de resolución de conflictos en nuestro país”. “Recientemente se han capacitado más de cien mediadores en temas de sustracción internacional de niños y el 1.° de febrero lanzamos la primera experiencia en el tema”, dijo.

Participaron del encuentro, además de las personas que integran la CNAJ y su grupo de trabajo, el Dr. Hugo Oyarzo, subsecretario de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación; el Dr. Patricio Ferrazzano, director nacional de Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos; la Dra. Flavia Amoroso, directora de la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional de Cancillería Argentina; la Dra. Graciela Tagle, jueza de enlace de la Red Nacional de Jueces de Familia para la Protección y Restitución de Niños; el Dr. Ignacio Goicoechea, representante de la Oficina Regional de la Conferencia de La Haya para América Latina y el Caribe, y la Dra. Jessica Malegarie directora de Cooperación y Gestión de la Secretaría de Planificación, del Consejo de la Magistratura de CABA, entre otros/as funcionarios/as.

Proyectos

Durante el encuentro se aprobó el Proyecto Piloto para la Implementación de la Mediación a la Aplicación de los Convenios de Sustracción Internacional de Niños, que previamente había sido analizado por la comisión y enriquecido con algunas sugerencias que fueron incorporadas al proyecto. También se anunció su puesta en marcha el 1.° de febrero.

Este proyecto recibió la asistencia técnica de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado y contó con el asesoramiento de la Fundación REUNITE, del Reino Unido. Ver noticia

Otros temas

A su turno, la Dra. Patricia Castro, integrante de esta comisión y vocal de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, presentó un proyecto de mediación obligatoria, gratuita y especializada para procesos de desalojos que se implementará a través de la Dirección Nacional de Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación en cumplimiento de la nueva ley de alquileres (Ley 27551), que establece la obligatoriedad de la mediación previa en estos procesos.

La iniciativa contempla que el mediador convoque a organismos vinculados con la asistencia habitacional a fin de solucionar, en forma integral y anticipada, el problema habitacional para personas vulnerables y, a su vez, disminuir el alto grado de litigiosidad.

Por su parte, la Dra. Claudia Romano Duffau, coordinadora de la Base General de Datos de Niñas, Niños y Adolescentes (BGD) con intervención judicial, presentó un proyecto para que las jurisdicciones de todo el país elaboren un mapa de menores de edad en conflicto con la ley penal. El objetivo es compartir datos sobre estos casos y producir información estadística que permita mejorar las políticas públicas que se aplican sobre esta población.

Finalmente, la Dra. Jessica Malegarie, del Consejo de la Magistratura de CABA, habló sobre los programas de acceso a justicia y se explayó sobre distintas líneas de trabajo voluntario de los judiciales para acercar la Justicia a la gente.

Explicó el Programa de Acceso Comunitario a la Justicia (PACJU), un dispositivo ambulatorio y sistemático con abordaje interdisciplinario que permitió realizar diez encuentros al año —de frecuencia mensual— con organizaciones sociales vulnerables. Las reuniones fueron sobre diversos temas de derechos: género, infancia, personas con discapacidad, personas migrantes y riesgos en la red.

En 2020, se realizaron 700 charlas sobre derechos de ciudadanía para empoderar a las personas, que estuvieron a cargo de un equipo de cien voluntarios/as en la ciudad de Buenos Aires (jueces y juezas, fiscales, defensores, funcionarios y empleados).